Hay un detalle que pocas veces se pone sobre la mesa cuando se habla de elecciones: no todas las personas que viven, trabajan y pagan impuestos en un país pueden votar. En España, alrededor de siete millones de residentes con nacionalidad extranjera no podrán participar en los comicios del próximo 29 de noviembre, aunque el resultado pueda cambiar directamente su vida. Y la conversación sobre este tema ha cobrado fuerza entre colectivos de mujeres migrantes y racializadas que llevan años organizándose.
“¿Tú qué haces aquí?”: la anécdota que revela mucho
Paloma Martínez lo cuenta con sorna. La primera vez que fue a votar en un pueblito de Gipuzkoa, un amigo baserritarra le soltó: “¿Zuk zer egiten duzu hemen?” (¿tú qué haces aquí?). Ella respondió que iba a votar, y él quiso saber con qué derecho. “Con el DNI”, contestó. “Porque ya soy tan española como tú”.
Paloma es mexicana, de Guadalajara, y llegó a Euskadi hace 18 años con su pareja vasca. Antes vivieron cuatro años en China. Hoy tiene doble nacionalidad y puede votar, pero confiesa que no se siente representada. “A la gente le choca que las personas migrantes vayamos a votar. Ese amigo no lo dijo con maldad, pero te hace ver que eres una ciudadana de segunda”, reflexiona.
El mapa de quiénes sí y quiénes no pueden votar
Según el Instituto Nacional de Estadística, al 1 de julio de 2026 había 7,437,543 personas residentes con nacionalidad extranjera en España. Las tres nacionalidades más presentes son la colombiana, la venezolana y la marroquí. De esa cifra, quienes son mayores de edad y no cuentan con nacionalidad española no podrán votar en las elecciones generales.
El acceso al voto depende de varios factores que conviene tener claros:
- Elecciones generales y autonómicas: solo pueden votar quienes tienen nacionalidad española. No basta con residir ni con tener un país miembro de la Unión Europea.
- Elecciones municipales: pueden participar personas extranjeras de países de la UE y de países con acuerdo de reciprocidad, aunque no tengan nacionalidad española.
- Parlamento Europeo: pueden votar personas de la UE que cumplan los requisitos y declaren que ejercerán el voto en España.
La herencia colonial que sigue pesando
Obtener la nacionalidad española exige, en la mayoría de los casos, haber vivido al menos diez años en el territorio. Pero hay excepciones que acortan el plazo a solo dos años: las personas de países que formaron parte del antiguo imperio colonial, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Además, en estos casos España permite mantener la nacionalidad de origen.
“Se supone que funcionan así para facilitar la reparación, pero luego la gente de Marruecos no tiene convenio bilateral porque parece que la culpa colonial vale más si hablas castellano, entonces tienen que esperar diez años”, señala Malena Maceira, argentina que lleva tres años en Euskadi y que este año votará por primera vez.
El privilegio de decir “yo no voto”
Malena es contundente: “Vengo de un país al que votar le costó una generación eliminada. Ahí empatizamos argentinos y vascos, pero a la izquierda en el Estado español le cuesta mucho deconstruir su privilegio”. Y añade que, si gana la derecha, van a necesitar aliades desde el 30 de noviembre.
Laura Yramategi, peruana con cinco años en el país, pensaba que este sería su primer año votando. Obtuvo la nacionalidad hace unos meses, pero cuando llamó para pedir el pasaporte le dieron cita para el 30 de noviembre: “Como soy nueva no me dejan votar si no lo tengo físicamente”. Aun así, apoya la idea de ceder el voto, aunque pone el foco en la representatividad: “Si no veo que mis luchas son las tuyas, qué te voy a decir que votes por mí”.
Mujeres migrantes: entre la organización y el olvido institucional
Paloma lleva años impulsando proyectos de inclusión con otras personas migrantes, entre ellas mujeres que sufrieron violencia de género, con muy poco presupuesto. Recuerda que cuando la izquierda llegó al Ayuntamiento pensaron que las cosas mejorarían. “Iban a hacer una casa de las mujeres y les dijimos que podíamos llevarla conjuntamente. Nos dijeron que no, que era de mujeres. ‘¿Y qué somos y qué estamos haciendo?’, les dije. Todo lo que se hace para incluir y empoderar a las mujeres migradas lo hace gente blanca. Nuestro empoderamiento propio no les vale”, denuncia.
Laura forma parte del colectivo Peruanos en Euskal Herria, de la red feminista de Oñati, de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas y del grupo Denon Bizitzak erdigunean (las vidas de todas en el centro). “A nosotras nos va a afectar más un gobierno de derecha, pero la gente tiene que saber que hay mucha comunidad migrada y organizada”, comparte.
Cuando la información no llega
Luciana Alfaro lleva 19 años viviendo en España. Es de Perú, uno de los países con acuerdo para votar tras dos años de residencia. Sin embargo, cuenta que no tuvo acceso a esa información cuando llegó: “Ningún partido la puso a mi alcance”. La experiencia se repitió cuando obtuvo la nacionalidad y pensó que con el DNI bastaría. “Había un plazo para inscribirse y no me llegó esa información”, añade.
Para Luciana, esta carencia tiene que ver con la poca cultura política de participación. “Quienes venimos de Latinoamérica tenemos el voto como obligatorio, así que es un derecho, pero también un deber. Aquí me da la sensación de que es algo que pasa si no te interrumpe el día del monte o tu fin de semana”, dice.
El caso de las europeas que tampoco pueden votar
Yana Kostova lleva 25 años en España, pero no puede votar porque no tiene la nacionalidad española. Tendría que renunciar a la búlgara y no lo hace por una razón sentimental. Su caso es uno de los más comunes entre personas de la UE: pueden votar en municipales y europeas, pero para las generales necesitan la nacionalidad, y eso implica renunciar a la de origen.
En la práctica, la legislación búlgara ha cambiado y ya no retira la nacionalidad por tener otra, así que si no inicia el trámite podría mantener ambos pasaportes, aunque para conservar el español no podría usar el búlgaro durante tres años seguidos. Algo parecido ocurre con la nacionalidad alemana.
Lo que está en juego
Más allá de los trámites, el debate de fondo es quién tiene derecho a decidir sobre el futuro del lugar donde vive. “Si la gente migrada no habla de lo que supone no poder votar es porque tienen miedo a que se identifique, por cualquier cosa, que están en situación irregular. Las que sí podemos tenemos que hablar”, concluye Malena.
Y es que, como recuerda Luciana, promover no votar porque “todos son lo mismo” es contribuir al avance de partidos con propuestas abiertamente fascistas. “Tenemos que ser muy claras con el mensaje”, sentencia.