En Argentina, el gobierno de Javier Milei presume de haber ordenado la macroeconomía: la inflación baja y el déficit fiscal está controlado. Pero, ¿qué hay detrás de esos números? La realidad es que millones de personas no llegan a fin de mes, se endeudan para sobrevivir y cada vez más trabajadores caen en la informalidad. Te contamos por qué este ‘orden’ no se siente en los bolsillos de la gente.
El costo oculto de la estabilidad
Cuando los indicadores macroeconómicos mejoran pero la gente no lo percibe, algo anda mal. En junio de 2026, casi 5 millones de argentinos estaban en mora, la cifra más alta en 20 años. Esto significa que una de cada cuatro personas con deudas no puede pagarlas. La morosidad se cuadruplicó en solo un año, superando incluso los niveles de la pandemia.
La situación es especialmente grave en los préstamos personales (13.8% de morosidad) y en las tarjetas de crédito (11.6%). La gente usa estos créditos para gastos diarios, no para invertir. Es decir, se endeudan para comer, para pagar el transporte o para comprar medicinas. Cuando los ingresos no alcanzan, el crédito se convierte en un salvavidas que, a la larga, ahoga.
El crédito no es inversión
Es importante entender que no todo crédito es bueno. Cuando una persona se endeuda para comprar un auto que le sirve para trabajar (como en el caso de los repartidores), puede ser una herramienta. Pero cuando el crédito se usa para cubrir gastos corrientes, es una señal de que los ingresos no son suficientes. La morosidad en créditos prendarios es del 6.8%, y muchos de esos créditos son para vehículos que se usan para generar ingresos en plataformas de delivery o transporte.
En cambio, la morosidad en créditos hipotecarios es solo del 1.4%. ¿Por qué? Porque quienes compran una vivienda suelen tener ingresos más estables. Esto demuestra que el problema no es el endeudamiento en sí, sino el tipo de deuda y la capacidad de pago de las personas.
El mercado laboral: más empleo, pero peor calidad
La otra cara de la moneda es el empleo. La desocupación subió del 6.9% al 7.8% entre 2023 y 2026, lo que significa 200,000 desempleados más. Pero el problema no es solo la cantidad de empleos, sino su calidad. Solo el 53.3% de los ocupados tiene un empleo pleno, mientras que el 26.6% está sobreocupado (trabaja más horas de las normales) y el 12.1% está subocupado (quiere trabajar más horas pero no puede).
Además, la informalidad laboral pasó del 40.8% al 44.2%. Esto significa que cada vez más personas trabajan sin protección social: sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin vacaciones pagas, sin indemnización por despido. El propio viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que la informalidad ‘ha sido una salvación’ para evitar un desempleo mayor. Pero, ¿es un éxito que la gente trabaje sin derechos?
Jóvenes y adultos mayores: los más golpeados
Los jóvenes son los que más sufren: la desocupación alcanza al 15.5% de las mujeres y al 14.6% de los varones menores de 29 años. Y los adultos mayores también vuelven al mercado laboral: entre 2023 y 2026, la cantidad de ocupados mayores de 65 años aumentó 4.5%. Muchos tienen que seguir trabajando porque sus jubilaciones no alcanzan.
La informalidad entre los adultos mayores es altísima: más del 60% en el caso de las mujeres mayores de 65 años. Es decir, trabajan sin ningún tipo de protección. Esto es una paradoja: quienes deberían estar descansando, tienen que trabajar en condiciones precarias para poder vivir.
¿Para quién está ordenada la macroeconomía?
La macroeconomía no se trata solo de números en un informe. Se trata de la vida real de las personas: de poder pagar las cuentas, de tener un empleo digno, de no endeudarse para comer. Si la inflación baja pero la gente no puede pagar sus deudas, si el déficit se ordena pero los trabajadores pierden derechos, entonces la macroeconomía no está ordenada para todos.
Es momento de preguntarnos: ¿a quién beneficia este orden? ¿Y a qué costo? Porque una economía que se sostiene sobre la precarización y el endeudamiento no es una economía sana, es una economía que traslada el ajuste a los más vulnerables.
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