Olga Montúfar, indígena nahua de Guerrero, México, ha dedicado tres décadas a visibilizar una realidad que pocos quieren ver: las mujeres indígenas con discapacidad son tratadas como menores de edad permanentes, excluidas de los espacios donde se deciden las políticas que afectan sus vidas. Como presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe (Remiad), denuncia que esta ausencia permite que gobiernos, instituciones y hasta sus propias familias decidan por ellas, limiten su autonomía y hablen de sus derechos sin escuchar sus voces.
Su historia es un ejemplo de resistencia. Nació en una comunidad donde el acceso a la salud era casi imposible. La polio la dejó con discapacidad motriz, y su familia tuvo que mudarse a la ciudad para buscar tratamiento. Allí, gracias a que su madre la cargaba cada día, pudo ir a la escuela. “En mi comunidad se decía que éramos como ollas rotas, que nunca se reparan, y que la discapacidad era una maldición”, recuerda. A pesar de los prejuicios, se graduó con honores como ingeniera mecánica industrial, pero las empresas le cerraron las puertas por ser mujer y tener discapacidad. Esa discriminación la empujó al activismo.
De “olla rota” a ingeniera: la educación como herramienta de cambio
Montúfar cuenta que salir de su comunidad fue un choque social fuerte. Sus padres tuvieron que adaptarse a un entorno completamente distinto. En la ciudad, la escuela era un requisito para acceder a los servicios de salud, y su madre la llevaba en brazos cada día. Así cursó preescolar, primaria y secundaria. Cuando los médicos dijeron que no había más tratamiento, sus padres regresaron al pueblo, pero dejaron a sus hijos con los abuelos para que siguieran estudiando. “El universo conspiró a mi favor”, dice, porque en su comunidad, siendo mujer y con discapacidad, habría sido imposible acceder a la educación.
La discriminación y la falta de amigos la llevaron a refugiarse en los libros. “Me daban la clase en la escuela y al llegar a casa seguía repasando”, recuerda. Así logró terminar ingeniería mecánica industrial. Sin embargo, su título no le abrió puertas laborales. “Ni siquiera me contrataron donde hice el servicio social”, lamenta. Fue entonces cuando comprendió que no bastaba con estudiar; también pesaban el ser mujer y tener una discapacidad.
La discriminación laboral que la llevó al activismo
Al ver que otros profesionales con discapacidad tampoco conseguían empleo, Montúfar comenzó a organizarlos. “Al principio nos reuníamos para contarnos las tristezas de la semana, hasta que un día pensé: ¿todas las semanas será lo mismo?”, relata. Decidieron hacer algo diferente y empezaron a organizar jornadas médicas, odontológicas y jurídicas en comunidades indígenas. Así descubrieron que muchas personas con discapacidad estaban recluidas en sus casas, sin acceso a la escuela ni a servicios básicos. “Las personas sordas, por ejemplo, se comunicaban solo con sus familias, pero no iban a la escuela”, explica.
Ese trabajo la llevó a participar en espacios internacionales, pero también le mostró las enormes barreras que persisten. “No basta con crear espacios de discusión si no se garantizan las condiciones para que podamos estar en ellos”, afirma. La falta de recursos y de accesibilidad sigue impidiendo la participación de las personas indígenas con discapacidad.
Mujeres con discapacidad excluidas de los espacios de decisión
Montúfar denuncia que, en las comunidades indígenas, los sistemas normativos tradicionales a menudo perpetúan la exclusión. “Las personas con discapacidad no son consideradas ciudadanas plenas”, dice. “En algunos casos tenemos que pedir permiso a los padrinos de bautizo o a la abuelita para participar en actividades”. Esta infantilización, independientemente de la edad, limita su capacidad jurídica y su autonomía.
La activista también señala que los jueces comunitarios, muchas veces sin formación en derechos humanos, son la primera barrera para acceder a la justicia. Y cuando se llega a la justicia ordinaria, los obstáculos se multiplican: falta de accesibilidad, desconocimiento de las culturas indígenas y de las discapacidades, y traductores que no dominan las variantes de las lenguas.
Derechos sexuales y reproductivos: una deuda pendiente
Uno de los temas más urgentes es la violencia sexual y la falta de control sobre sus cuerpos. Montúfar denuncia que las esterilizaciones forzadas y los procedimientos sin consentimiento siguen siendo una realidad. “Se nos infantiliza y se cree que no tenemos el mismo desarrollo que las demás mujeres”, explica. Además, los servicios de salud no están adaptados a sus necesidades, y a menudo se les niega el derecho a ser madres.
La activista comparte su experiencia personal: “Fui víctima de violencia sexual y de ese embarazo nació mi hija. Mis padres querían registrarla como mi hermana, pero yo me enfrenté a eso y logré sacarla adelante rompiendo estereotipos”. Su historia es un testimonio de resiliencia y lucha.
La justicia que no llega: casos de violencia sexual
Montúfar relata casos desgarradores de mujeres con discapacidad que denunciaron violencia sexual y no recibieron justicia. En uno, una mujer con discapacidad intelectual fue violada, pero el juez argumentó que “por su discapacidad, no se podía saber si había disfrutado del acto”. En otro, una mujer ciega fue agredida, y el juez preguntó cómo podía identificar al agresor si no podía verlo, ignorando que una persona ciega puede reconocer voces y otros estímulos.
“Cuando tienes una discapacidad, los desafíos son mayores y la discriminación se multiplica, sobre todo la cosificación”, denuncia. Estos casos evidencian la necesidad de una justicia que comprenda las realidades de las mujeres indígenas con discapacidad.
Un llamado a la acción: que se escuchen sus voces
Al preguntarle sobre la deuda más urgente con las mujeres indígenas con discapacidad, Montúfar es contundente: “Que se escuche su voz. No hay participación de mujeres indígenas con discapacidad en los espacios de decisión. Lo hemos dicho muchas veces: cuando no está escrito, no existe; y mientras no estén las voces, no se escribe”.
Su lucha es un recordatorio de que la inclusión no es solo un discurso, sino una acción concreta. Es hora de que los gobiernos, las instituciones y la sociedad en general reconozcan la autonomía y la capacidad de estas mujeres, y les den el lugar que les corresponde.
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