La crisis carcelaria en Ecuador no solo afecta a quienes están tras las rejas. Las mujeres que son madres, hermanas, parejas o hijas de presos viven una especie de ‘condena extendida’, asumiendo cargas económicas, emocionales y sociales que el Estado debería cubrir. Así lo revela el informe Sostener la vida dentro y fuera de las cárceles, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) con apoyo internacional, y presentado recientemente en Guayaquil.
La crisis carcelaria: un problema que trasciende los muros
Ecuador atraviesa desde 2018 la peor crisis penitenciaria de su historia reciente. Las prisiones se han convertido en escenarios de masacres, torturas, hacinamiento extremo y abandono estatal. Pero esta crisis no se limita a los centros de reclusión: se extiende a las familias, especialmente a las mujeres, que viven en una constante incertidumbre sobre la salud y la vida de sus seres queridos.
Marilyn Urresto, investigadora del CDH y autora del estudio, señala que poco se habla de ellas, la ‘cara invisible’ del sostenimiento del sistema carcelario. Son las mujeres quienes proveen a los presos de alimentos, medicinas, artículos de higiene y otros insumos básicos que el Estado debería garantizar, pero que son negados o condicionados.
Mujeres al límite: extorsiones y sobrecarga
El informe recopiló más de 200 casos de familiares que acudieron al CDH en busca de ayuda. El 97% son mujeres, con hijos, hermanos o parejas en prisión, principalmente en la Penitenciaría del Litoral, la más grande y peligrosa del país. Ahí, las disputas entre bandas han causado cientos de muertes y, solo en 2025, más de 500 personas fallecieron por enfermedades como tuberculosis y desnutrición.
Estas mujeres gastan más de 200 dólares al mes en extorsiones para asegurar la protección de sus seres queridos, mientras asumen tareas como trámites legales y cuidados no remunerados, lo que les impide mantener empleos formales y las hunde en la precariedad. Como describe el informe, muchas se sienten ‘otra presa’, esperando afuera de la cárcel por noticias.
Estigma y violencia de género
Además, enfrentan requisas degradantes, maltrato y son sometidas a cacheos íntimos como forma de tortura. Una de las entrevistadas confiesa: ‘Me he sentido discriminada muchas veces, porque cuando un familiar entra a la cárcel, a quien juzgan también es a la madre. Sobre nosotras cae la responsabilidad de no haber criado bien a un hijo’.
Ana Morales, quien lidera el comité de familiares desde 2021, dice que se han convertido en ‘abogadas y comunicadoras’, pero constantemente son víctimas de estigma y violaciones a sus derechos. ‘Nos dicen que somos cómplices, que manejamos bandas organizadas, que participamos de la violencia. Recibimos un sinnúmero de insultos’, añade.
Una forma de violencia que perpetúa mandatos históricos
La investigación concluye que esta situación constituye una forma de violencia de género, ya que reproduce mandatos históricos de cuidado, intensifica la sobrecarga no remunerada y expone a las mujeres a prácticas humillantes. ‘La cárcel no solo produce violencia intramuros; redistribuye el daño hacia mujeres empobrecidas que sostienen la vida en condiciones de precariedad, estigmatización y riesgo’, finaliza el documento.
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