En la costa caribeña de Honduras, la comunidad garífuna de San Juan vive una situación crítica. El pasado 6 de julio, más de 200 policías ingresaron a la comunidad, utilizando gases lacrimógenos y realizando detenciones. Este operativo busca desalojar a los pobladores para entregar sus tierras a una empresa privada, todo amparado en una nueva ley que prioriza la inversión por encima de los derechos ancestrales.
¿Qué está pasando en San Juan?
San Juan es una comunidad garífuna que desde hace décadas reclama la titulación de su territorio ancestral. En 1997, solicitaron formalmente la titulación de 1,770 hectáreas, pero el expediente se extravió y solo recibieron un título de 63 hectáreas, fragmentado y sin continuidad territorial. Mientras tanto, empresas turísticas y agroindustriales han obtenido títulos sobre las mismas tierras, generando un conflicto que ha llegado a instancias internacionales.
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño por no titular ni demarcar el territorio de San Juan, reconociendo que la falta de título no elimina el derecho territorial de la comunidad. Sin embargo, la nueva ley, conocida como Decreto 107-2026, permite que la policía actúe de inmediato para restituir la posesión a quienes tengan un título registrado, sin esperar a resolver los reclamos ancestrales.
La nueva ley: ¿protege la inversión o vulnera derechos?
El Decreto 107-2026, aprobado en junio de 2026, declara de interés nacional las actividades agroindustriales, turísticas y energéticas. Ordena a las autoridades actuar de manera inmediata ante cualquier ocupación o bloqueo que afecte estos proyectos, priorizando a los propietarios registrados. Aunque la ley menciona que no aplica en territorios indígenas sin consulta previa, en la práctica, muchas comunidades no tienen sus tierras regularizadas, por lo que quedan desprotegidas.
Organizaciones como OFRANEH denuncian que esta ley criminaliza la defensa del territorio. Tras el desalojo, cinco miembros de la comunidad fueron acusados de usurpación agravada y el caso fue trasladado a un tribunal de criminalidad organizada, lo que agrava la situación y estigmatiza a los defensores.
La lucha de las mujeres garífunas
Las mujeres garífunas son pilares en la defensa de sus comunidades. Yessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunció que durante el operativo una mujer embarazada fue agredida y que se llevaron herramientas de trabajo. “Los que usurparon son empresarios ahora protegidos por esta ley”, afirmó.
La comunidad ha declarado una “rebeldía pacífica” y mantiene un campamento permanente para exigir la derogación de la ley y el cumplimiento de las sentencias internacionales. Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, calificó como “absurdo y racista” el intento de vincular a la comunidad con el crimen organizado.
¿Qué podemos hacer?
Este caso refleja una problemática global: la presión de las inversiones sobre los territorios indígenas. Es importante visibilizar estas injusticias y apoyar los llamados a la consulta previa y al respeto de los derechos colectivos. La defensa de la tierra no es solo un asunto legal, es una cuestión de supervivencia cultural y de justicia social.
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