La noticia de una agresión homófoba en Vitoria-Gasteiz ha desatado una polémica que va más allá del acto violento en sí. Cuando el diputado general de Álava, Ramiro González, solicitó la expulsión a su país de origen de un menor tutelado involucrado en el incidente, se abrió un debate sobre integración, racismo y el sistema de protección de menores.
El incidente que desató la polémica
Durante el fin de semana del 8 de marzo, tres menores de edad agredieron a dos hombres homosexuales en el centro de Vitoria-Gasteiz. Las víctimas sufrieron una paliza que rápidamente se hizo pública en los medios locales, generando indignación y preocupación en la comunidad.
Lo que siguió fue una declaración del diputado general de Álava que ha generado más preguntas que respuestas. “Hay una absoluta falta de adaptación de este menor al recurso en el que se encuentra y a una sociedad que pretende ayudarle a integrarse”, afirmó González, justificando su solicitud de retornar al menor a su país de origen.
La pregunta incómoda
La declaración del diputado plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué pasa con los menores autóctonos que no se integran? ¿A qué país se les retorna cuando cometen actos violentos o muestran falta de adaptación?
Esta pregunta revela lo que muchos activistas y expertos señalan como el verdadero problema detrás de la medida: un sistema que parece aplicar criterios diferentes según el origen de las personas.
El contexto político detrás de las declaraciones
Vitoria-Gasteiz vive un momento de transformación política importante. En menos de una década, ha pasado de ser un bastión del Partido Popular a tener una pugna electoral más diversa, donde EH Bildu ganó las últimas elecciones, aunque no gobierna debido a acuerdos entre PNV y PSE.
En este contexto, las declaraciones del diputado general del PNV parecen responder a una estrategia política más amplia. “Esta pugna entre PP y EH Bildu está dejando poco espacio al PNV, que con estas declaraciones racistas intenta sacar músculo y convertirse en un actor clave del panorama electoral”, analizan expertos en política vasca.
Un discurso que no es nuevo
Las políticas basadas en el miedo y la estigmatización de colectivos migrantes no son nuevas en la región. Durante su alcaldía entre 2011 y 2015, Javier Maroto introdujo intensamente discursos que vinculaban la inseguridad con la población migrante.
“Los inmigrantes magrebíes vienen a vivir de las ayudas sociales”, declaró Maroto en 2014, estableciendo un precedente para el tipo de retórica que hoy vemos reaparecer.
El sistema de protección de menores: ¿parte del problema?
Más allá del discurso político, existe un problema estructural en el sistema de protección de menores. La red de centros de acogida en Álava está gestionada por empresas privadas como Babesten, Grupo 5, Urgatzi o Nuevo Futuro, en un modelo que ha sido criticado por su precariedad y falta de recursos.
Externalización y precariedad
Según datos del Consejo General del Trabajo Social, la externalización de servicios sociales en Euskadi alcanza un 36%, cifra superior a la media estatal del 24%. Esto significa que más de un tercio de los servicios sociales esenciales están en manos de empresas privadas o del tercer sector.
Los sindicatos llevan años alertando sobre las condiciones de precarización en estos centros. “Este joven está bajo la responsabilidad de una Diputación que no está dando una buena atención”, señalan desde los comités de trabajadores.
La respuesta de los colectivos sociales
Frente a las declaraciones políticas, diversos colectivos sociales han alzado la voz para contextualizar la situación y señalar los problemas estructurales.
Ikusgune: visibilizando sin estigmatizar
El Observatorio LGBTIQA+ de Vitoria-Gasteiz, Ikusgune, ha registrado un aumento de agresiones similares en los últimos tiempos. Sin embargo, su enfoque es diferente: “Observamos con preocupación el tratamiento que algunas instituciones y medios de comunicación han hecho de esta noticia”, explican.
Desde el observatorio cuestionan especialmente la nueva directriz del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de hacer público el origen de las personas agresoras: “Sin duda, esta práctica está contribuyendo a alimentar una creciente oleada de odio contra determinados colectivos”.
Los trabajadores de los centros
El comité de trabajadoras y trabajadores del centro donde reside el menor involucrado ha emitido un comunicado donde muestran solidaridad con las víctimas pero también piden no estigmatizar a “un colectivo que ya de por sí es manoseado y utilizado de manera política para dar cobertura a discursos racistas”.
“Son muchos los que, con gran esfuerzo de la plantilla trabajadora, consiguen sus objetivos generalmente con éxito”, afirman, destacando el trabajo continuo que realizan para la inclusión social y laboral de los menores.
Reflexiones finales: más allá del caso concreto
Este caso particular revela problemas más profundos en nuestra sociedad:
- La instrumentalización política de casos de violencia para promover agendas racistas
- La precariedad del sistema de protección de menores externalizado
- La necesidad de abordar la homofobia desde una perspectiva interseccional
- La importancia de medios de comunicación responsables en el tratamiento de estas noticias
Como señala Youssef M. Ouled, estamos ante una retórica del “racismo antimoro” que se combina con islamofobia, concentrada especialmente en jóvenes magrebíes. Esta combinación crea un caldo de cultivo peligroso donde casos individuales se utilizan para generalizar sobre colectivos enteros.
La pregunta inicial sigue en el aire: ¿qué hacemos con los menores que no se integran, sean autóctonos o migrantes? La respuesta no puede ser la expulsión selectiva, sino la creación de sistemas de protección verdaderamente inclusivos y recursos adecuados para la integración de todos los jóvenes, sin distinción de origen.
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