La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ha dado un paso importante al aprobar los llamados ‘impuestos saludables’ propuestos por la administración de Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa, que forma parte del Paquete Económico 2026, busca desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud mediante aumentos significativos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La medida ha generado un intenso debate entre legisladores y especialistas, dividiendo opiniones entre quienes la ven como una herramienta necesaria de salud pública y quienes la consideran un castigo injustificado para los consumidores mexicanos.
Entre las modificaciones más polémicas se encuentra la aplicación de un gravamen del 8% a videojuegos considerados ‘violentos’ y no aptos para menores de edad, específicamente aquellos con clasificación ‘C’ y ‘D’ según el sistema publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo innovador de esta disposición es que afectará tanto a juegos en formato físico como a servicios digitales, incluyendo el modelo free-to-play, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se gravan los contenidos digitales en México. Paralelamente, las bebidas saborizadas verán un aumento del 86% en su impuesto, pasando de 1.65 a 3.08 pesos por litro, con una base ampliada que ahora incluye edulcorantes añadidos, aunque se mantiene la exención para sueros orales que cumplan con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
El tabaco y los juegos de apuestas también enfrentan incrementos sustanciales, con la tasa del IEPS para tabacos labrados subiendo de 160% a 200%, mientras que los juegos con apuestas pasarán de 30% a 50%. Sin embargo, en un giro interesante, los legisladores decidieron reducir la carga impositiva para las bolsas de nicotina de 200% a 100%, argumentando que esto ayudará a combatir el comercio ilícito. Estas medidas, según el diputado Emilio Suárez Licona del PRI, permitirán una recaudación adicional estimada en 39,000 millones de pesos que podrían destinarse a programas de salud pública, representando un aumento general de casi 18% en la recaudación por concepto de IEPS.
La controversia surge cuando analizamos las posturas opuestas dentro del mismo Congreso. Mientras algunos legisladores defienden estas medidas como necesarias para proteger la salud de los mexicanos, otros como Irais Virginia Reyes De la Torre de Movimiento Ciudadano las califican como ‘un despropósito disfrazado de iniciativa fiscal’. La diputada argumenta que los videojuegos no son el problema real, sino la violencia que se vive en las calles, y que esta no se combate con impuestos sino con justicia y oportunidades. Este debate refleja una tensión fundamental en las políticas públicas: ¿hasta qué punto es legítimo que el Estado intervenga en las decisiones de consumo de los ciudadanos? La respuesta probablemente dependerá de qué tan efectivas resulten estas medidas para realmente mejorar la salud de la población, más allá del beneficio recaudatorio que representan para las arcas públicas.