La Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1994 con un fuerte apoyo bipartidista. Su objetivo es claro: proteger a las personas que buscan o brindan servicios de salud reproductiva, así como a quienes ejercen su libertad religiosa en lugares de culto, de actos violentos u obstructivos. A pesar de los esfuerzos recientes por desacreditarla, la ley sigue siendo constitucional y más necesaria que nunca.
¿Qué protege la Ley FACE?
La ley prohíbe el uso de la fuerza, amenazas u obstrucción física para lastimar, intimidar o interferir con alguien que busca o proporciona servicios de salud reproductiva. También protege a quienes ejercen su libertad religiosa en lugares de culto. Además, penaliza el daño intencional a instalaciones que brindan estos servicios.
Diferencia entre protesta pacífica y conducta ilegal
La Ley FACE excluye expresamente las actividades de expresión protegidas, como piquetes pacíficos o manifestaciones. Solo sanciona la conducta ilegal, como la obstrucción o la violencia, sin importar la postura ideológica del agresor.
¿Por qué se necesita una ley federal?
Antes de la FACE, las leyes estatales y locales eran insuficientes para detener la violencia generalizada contra las clínicas de salud reproductiva. Entre 1977 y 1993, se reportaron más de 1,000 actos violentos, incluyendo 36 bombas, 81 incendios provocados, 131 amenazas de muerte y un asesinato. También hubo más de 6,000 bloqueos. El Congreso documentó que se necesitaba una ley federal para combatir este patrón nacional de violencia.
Constitucionalidad de la Ley FACE
Todos los tribunales federales que han evaluado la constitucionalidad de la FACE la han confirmado, ya sea bajo la Cláusula de Comercio o la Primera Enmienda. La ley regula actividades que afectan sustancialmente el comercio interestatal, como la compra de suministros médicos y los viajes de pacientes entre estados. Incluso después de la decisión Dobbs vs. Jackson, los tribunales han reafirmado que la FACE sigue siendo constitucional.
El impacto de Dobbs
Tras Dobbs, los estados quedaron con un mosaico de leyes sobre el aborto. Para finales de 2025, 13 estados tenían prohibiciones totales y seis tenían restricciones de 6 a 12 semanas. Sin embargo, el número de abortos no disminuyó a nivel nacional; los pacientes viajaron a otros estados para recibir atención. En 2023, 170,000 pacientes lo hicieron; en 2024, 150,000; y en 2025, más de 140,000. Esto demuestra que el comercio interestatal sigue siendo relevante.
Además, después de Dobbs, hubo un aumento en incidentes graves contra proveedores de salud reproductiva, incluyendo incendios provocados, invasiones y amenazas de muerte. En 2023 y 2024, la Federación Nacional de Aborto documentó 3 incendios, 13 invasiones, 169 actos de vandalismo, 621 allanamientos, 296 amenazas de muerte, 38 agresiones, 777 obstrucciones y 12 amenazas de bomba.
Conclusión
La Ley FACE sigue siendo una herramienta federal necesaria para garantizar que las personas puedan buscar atención médica y los profesionales brindarla sin miedo a la violencia o la intimidación. A pesar de los intentos de reinterpretarla, la ley es constitucional y vital en el panorama actual.
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